FÚTBOL Y TENDENCIAS

Por Martín Otheguy

 

Cuando en 2024 la FIFA confirmó que el Mundial 2030 se realizaría en Uruguay y Argentina, los festejos se prolongaron hasta altas horas de la madrugada en la Sala Daniel Banchero de la Asociación Uruguaya de Fútbol (llamada así no en honor al veterano periodista deportivo, sino porque este dormía allí desde hacía varios años). El anuncio del presidente de la FIFA Furaha Miburu, un portero de la Asociación de Fútbol de Burundi que había ido subiendo posiciones en el máximo organismo del fútbol después del encarcelamiento de 636 dirigentes, obligaba a Uruguay a cumplir varias exigencias que imponía la FIFA, como aprobar la pena de muerte para quienes falsificaran entradas y merchandising, o forzar por ley a cualquier ciudadano de la república a satisfacer las apetencias sexuales de los extranjeros involucrados en la organización.

Eran tiempos de cambio en Uruguay. Pilar Lacalle Pou era la flamante presidenta del país, tras haber ganado las elecciones internas del Partido Nacional a un avejentado Jorge Larrañaga y luego derrotado en el balotaje a Fabiana Goyeneche. La región completaba así el viraje hacia el neo neoliberalismo comenzado con la asunción de Mauricio Macri casi diez años atrás, que era propicio para la aceptación de las demandas cada vez más extravagantes del máximo organismo del fútbol mundial.

La FIFA había exigido el sacrificio de diez vírgenes en cada lugar donde se construyeran los nuevos estadios y la inmolación de no menos de treinta obreros antes de colocar la piedra inaugural, una costumbre que según ciertos ritos de Burundi aseguraba la buena suerte. El organismo solicitó también la potestad de fijar no sólo los precios de las entradas y los productos consumidos en las inmediaciones del estadio (incluyendo la marihuana, que finalmente había llegado a las farmacias uruguayas once años después de la promulgación de la ley), sino también los de la nafta, los alimentos de la canasta básica y los tiques de la salud, de los que la organización debía percibir un porcentaje. El Parlamento estaba obligado a aprobar una ley que permitiera la venta y alquiler de ametralladoras dentro de los estadios –la FIFA tenía ahora entre sus auspiciantes principales a la marca bélica Kalashnikov– y se debían demoler las rampas cerca de los estadios, a fin de que ancianos e inválidos, beneficiados con descuentos por ley, no pudieran comprar entradas e ingresar a las canchas. El Palacio Legislativo tenía que ser derribado para habilitar la construcción de un nuevo estadio en ese lugar, en el que se jugaría solamente un partido de primera fase a pedido de uno de los veedores de la FIFA, que tenía un pariente con una casa cerca.

Presionado por los compromisos adquiridos, el gobierno accedió a cada una de las demandas. El sueño del Mundial en casa al fin estaba cumplido. O así habría sido de no mediar el último de los requisitos. A fin de acelerar las obras para el 2030 y tener el control de los cobros, la FIFA pidió que se derogara la ley que garantizaba la inamovilidad del empleado público, lo que provocó una revuelta sindical que arrastró al país a la guerra civil, la caída del gobierno y condujo el Mundial hacia otros países más permisivos con las peticiones de la FIFA.